En nuestro país la realidad es más cruda: las mujeres en promedio perciben hasta un 34% menos de remuneración que los hombres por la realización de un trabajo de igual valor. Pero la inequidad en los ingresos de las mujeres se evidencia también en los rangos salariales, pues tienen menor presencia en las categorías salariales más altas y una concentración en las categorías media y baja; igualmente podemos comprobar esta inequidad si revisamos cómo las profesiones y funciones que proporcionan ingresos más altos aún son desempeñadas mayoritariamente por hombres y, aquellas cuyo reconocimiento monetario y social es menor lo realizan las mujeres. Un par de ejemplos: las mujeres que laboran en el sector moderno tienen un promedio de ingresos mensual de 250 dólares y los hombres de 313; en el trabajo agrícola las mujeres perciben en promedio 33 dólares y los hombres 94; e incluso en el trabajo doméstico existe una diferencia, las mujeres perciben 84 dólares promedio y los hombres 86.
Al revisar la Constitución Política del Ecuador; la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDESC; y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, CEDAW, confirmamos que las actuaciones que sustentan inequidad en los ingresos están al margen de la Ley.
A pesar de que las mujeres se han incorporado en ramas del mercado laboral en las que antes no se encontraban, las condiciones en las que lo han logrado son precarias en cuanto a rangos y salarios, debido, por un lado, a la persistencia de un imaginario colectivo que aún no confía en la capacidad de las mujeres; y por otro, a la falta de valoración social y económica del cuidado del capital humano, no de otra manera se entiende el hecho de que las mujeres sean discriminadas en materia laboral precisamente por su embarazo, maternidad y cuidado materno; a esto debemos sumar que las ramas laborales que sí son confiadas casi con exclusividad a las mujeres no permiten ingresos dignos pues tienen una subvaloración en el mercado.
Se mantiene una distancia entre el reconocimiento legal de un derecho y el disfrute social del derecho. Por esta razón el Consejo Nacional de las Mujeres se encuentra empeñado en conseguir que las políticas públicas de género sean aplicadas en el mercado laboral como un aporte directo a la consecución de la equidad entre mujeres y hombres, aporte que de otro lado incide directamente en la lucha contra la pobreza.
Asumir esta tarea es urgente, pues como dice Galeano: “… Al ritmo actual, habrá igualdad de salarios entre los hombres y las mujeres dentro de 475 años…No conozco a una mujer que viva tanto”.