En este año, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, ha registrado 5000 solicitudes de asilo en el Ecuador; dato que no refleja el número de personas que cruza la frontera sin pedir asilo. Además, en la zona se reconoce el éxodo de comunidades ecuatorianas a ciudades ecuatorianas en busca de protección debido a la misma causa; últimamente se ha registrado un desplazamiento masivo de 500 indígenas de las comunidades quichuas de Shiguango Tarupa, Las Malvinas, San Francisco, Santa Carolina, Curiyacu y Sumac Pamba hacia Lago Agrio en Sucumbíos. Sin embargo, las medidas de contingencia que existen en la zona de conflicto se aplican solo a personas refugiadas (aquellas que vienen desde Colombia) y no a desplazadas (aquellas que huyen dentro del mismo país) aún cuando la causa es la misma: las consecuencias del conflicto armado en Colombia. La razón para ello es que la permanencia en el territorio del propio país, hace que estas personas queden excluidas del sistema actual de protección a los refugiados.
El 80% de los grupos humanos que están en condición de refugio o de desplazamiento interno está constituido por mujeres, niñas y niños; es por tanto necesario tomar medidas específicas frente a su problemática en el conflicto.
En el caso de las refugiadas, tanto la falta de documentos que reconozcan su status de migrante “regular” cuanto la prohibición expresa del Ecuador para que las personas solicitantes de refugio puedan trabajar, coloca a las mujeres en una situación de explotación laboral, acoso y chantaje sexual bajo amenaza de deportación, riesgo de detenciones e incremento de maltrato y violencia. En el caso de las desplazadas, la situación es similar, pues si bien por un lado no corren el riesgo de la deportación, por otro, el retorno a sus hogares es imposible debido al conflicto. Además, el hecho de que la mayoría de las desplazadas vengan de zonas deprimidas del país les resta oportunidades para conseguir empleo y, de hecho, las posibilidades de trabajo se limitan a aquellas que son extensión del trabajo reproductivo, que como ya hemos analizado en otras ocasiones, son los de más baja remuneración y mayor explotación.
A más del sustento propio y de la familia, la extrema vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres refugiadas y desplazadas pasa por la inseguridad, el temor, el dolor de la ruptura de sus conexiones familiares y culturales, que ahondan procesos violentos de deterioro y pérdida de su autoestima.
Las consecuencias del Plan Colombia en el Ecuador son evidentes y la intervención para mitigarlas será insuficiente si no se incorpora una visión de género que ataque la problemática específica de las mujeres.