La gobernabilidad democrática pasa por la capacidad de los gobiernos para adoptar y aplicar medidas que impacten de manera efectiva en la igualdad social. Esto significa conducir procesos de desarrollo incluyente, consolidar la institucionalidad pública y articularla con la sociedad; en suma, garantizar la convivencia pacífica, equitativa y justa que solo se puede obtener con la plena vigencia y ejercicio de los derechos humanos de todas las personas. Esta meta solo será alcanzada con la equidad de género; desde esta perspectiva, constituye una obligación del Estado debilitar y eliminar los mecanismos que mantienen la desigualdad social en general, y la desigualdad de género en particular, de manera que construyamos en el mediano y largo plazo una gobernabilidad real.
La igualdad de género va más allá de los avances en materia legislativa, requiere la participación de las mujeres en los procesos de transformación de la institucionalidad formal y no formal en nuestro país. En el primer caso, las mujeres deben intervenir en la reforma jurídica y de las instituciones públicas enlazando sus intereses con los intereses más generales de la democracia, ampliando su participación en el espacio público con fuerza y legitimidad; y, para alcanzar lo dicho, el Estado tiene una gran responsabilidad. En el segundo caso, debemos incidir en las normas sociales que operan en nivel de las concepciones, símbolos, imaginarios colectivos, subjetividades y prácticas, que sitúan a las mujeres como un grupo subordinado en las relaciones que el Estado establece con la sociedad o en las relaciones que se establecen entre Estado, mercado y familia. Los cambios en la institucionalidad formal y no formal deben darse simultáneamente si queremos construir gobernabilidad democrática, porque las reformas legales y de las instituciones públicas no eliminan automáticamente la discriminación en la práctica social, ni las prácticas sociales suprimen automáticamente la normativa discriminatoria.
El Estado ecuatoriano debe adoptar el género como la categoría interpretativa de la situación socio-económica para la definición de su agenda de planificación, de gobernabilidad, de desarrollo y bienestar, como expresión de su compromiso para la construcción de una gobernabilidad democrática real. De no hacerlo se estaría fortaleciendo la gobernabilidad autoritaria que según Alejandra Massolo se da “cuando operan estructuras corporativas y clientelares, con reglas del juego no escritas (“usos y costumbres” del sistema político), de mando vertical, generalmente ejercida por un partido político hegemónico, sólo capaces de procesar los conflictos siempre y cuando no cuestionen las reglas del juego”.