A pesar de los avances consagrados en el marco jurídico ecuatoriano en materia de derechos específicos de las mujeres, la discriminación, subordinación y exclusión de las mujeres persiste, de hecho, a lo largo de estas semanas hemos podido constatar algunos datos que lo demuestran. Esta brecha entre el marco jurídico y la realidad de las mujeres, encuentra sus motivaciones tanto en la debilidad del Estado como en los imaginarios y conceptos sociales que guían a la población. En el caso del Estado, es necesario fortalecer la institucionalidad pública de género a fin de incorporar como prioridad la articulación de las políticas de género a la gestión estatal para alcanzar la gobernabilidad democrática. En el caso de la población, todavía enfrentamos concepciones que asumen a la mujer como un ser dependiente, con limitaciones para desenvolverse en el espacio público y “naturalmente” dotado para desenvolverse en el espacio privado y, por tanto, con menor valor social.
Esta situación es, sin duda, una problemática que debe ser afrontada por el Estado ecuatoriano, y para ello es necesario que éste asuma su reto, que, en palabras de Rocío Rosero, Directora del CONAMU, es “incluir plenamente los mecanismos, procedimientos y programas que hagan efectiva la vigencia, promoción, protección, ejercicio y exigibilidad de los derechos humanos de las mujeres en las políticas públicas sociales, económicas, ambientales y administrativas así como en el marco jurídico y en la administración de justicia”
En este marco, el Consejo Nacional de las Mujeres presenta al país el Plan de Igualdad de Oportunidades 2004 – 2009, como un instrumento técnico y político que permitirá al conjunto del Estado asumir las necesidades e intereses de las mujeres ecuatorianas como políticas de Estado, a fin de transformar positivamente su vida como un imperativo democrático.
Además de la importancia que tiene el PIO para la construcción de la democracia dentro del país, se convertirá en documento de sustento para el levantamiento de la nueva plataforma mundial hacia la consecución de la equidad pues será texto de consulta y evaluación en marzo del año 2005, fecha en que la comunidad internacional se apresta a la revisión de lo que ha significado para las mujeres del mundo la aplicación de la Plataforma de Beijing resultante de la V Cumbre Mundial de las Mujeres en 1995.
Si buscamos construir un país justo y democrático el Estado ecuatoriano deberá arrogarse como prioridad de buen gobierno, el Pacto de Equidad con mujeres, niñas y adolescentes.