Autor: GAMMA

La gobernabilidad democrática pasa por la capacidad de los gobiernos para adoptar y aplicar medidas que impacten de manera efectiva en la igualdad social. Esto significa conducir procesos de desarrollo incluyente, consolidar la institucionalidad pública y articularla con la sociedad; en suma, garantizar la convivencia pacífica, equitativa y justa que solo se puede obtener con la plena vigencia y ejercicio de los derechos humanos de todas las personas. Esta meta solo será alcanzada con la equidad de género; desde esta perspectiva, constituye una obligación del Estado debilitar y eliminar los mecanismos que mantienen la desigualdad social en general, y la desigualdad de género en particular, de manera que construyamos en el mediano y largo plazo una gobernabilidad real.

La igualdad de género va más allá de los avances en materia legislativa, requiere la participación de las mujeres en los procesos de transformación de la institucionalidad formal y no formal en nuestro país. En el primer caso, las mujeres deben intervenir en la reforma jurídica y de las instituciones públicas enlazando sus intereses con los intereses más generales de la democracia, ampliando su participación en el espacio público con fuerza y legitimidad; y, para alcanzar lo dicho, el Estado tiene una gran responsabilidad. En el segundo caso, debemos incidir en las normas sociales que operan en nivel de las concepciones, símbolos, imaginarios colectivos, subjetividades y prácticas, que sitúan a las mujeres como un grupo subordinado en las relaciones que el Estado establece con la sociedad o en las relaciones que se establecen entre Estado, mercado y familia. Los cambios en la institucionalidad formal y no formal deben darse simultáneamente si queremos construir gobernabilidad democrática, porque las reformas legales y de las instituciones públicas no eliminan automáticamente la discriminación en la práctica social, ni las prácticas sociales suprimen automáticamente la normativa discriminatoria.

El Estado ecuatoriano debe adoptar el género como la categoría interpretativa de la situación socio-económica para la definición de su agenda de planificación, de gobernabilidad, de desarrollo y bienestar, como expresión de su compromiso para la construcción de una gobernabilidad democrática real. De no hacerlo se estaría fortaleciendo la gobernabilidad autoritaria que según Alejandra Massolo se da “cuando operan estructuras corporativas y clientelares, con reglas del juego no escritas (“usos y costumbres” del sistema político), de mando vertical, generalmente ejercida por un partido político hegemónico, sólo capaces de procesar los conflictos siempre y cuando no cuestionen las reglas del juego”.

En este año, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, ha registrado 5000 solicitudes de asilo en el Ecuador; dato que no refleja el número de personas que cruza la frontera sin pedir asilo. Además, en la zona se reconoce el éxodo de comunidades ecuatorianas a ciudades ecuatorianas en busca de protección debido a la misma causa; últimamente se ha registrado un desplazamiento masivo de 500 indígenas de las comunidades quichuas de Shiguango Tarupa, Las Malvinas, San Francisco, Santa Carolina, Curiyacu y Sumac Pamba hacia Lago Agrio en Sucumbíos. Sin embargo, las medidas de contingencia que existen en la zona de conflicto se aplican solo a personas refugiadas (aquellas que vienen desde Colombia) y no a desplazadas (aquellas que huyen dentro del mismo país) aún cuando la causa es la misma: las consecuencias del conflicto armado en Colombia. La razón para ello es que la permanencia en el territorio del propio país, hace que estas personas queden excluidas del sistema actual de protección a los refugiados.

El 80% de los grupos humanos que están en condición de refugio o de desplazamiento interno está constituido por mujeres, niñas y niños; es por tanto necesario tomar medidas específicas frente a su problemática en el conflicto.

En el caso de las refugiadas, tanto la falta de documentos que reconozcan su status de migrante “regular” cuanto la prohibición expresa del Ecuador para que las personas solicitantes de refugio puedan trabajar, coloca a las mujeres en una situación de explotación laboral, acoso y chantaje sexual bajo amenaza de deportación, riesgo de detenciones e incremento de maltrato y violencia. En el caso de las desplazadas, la situación es similar, pues si bien por un lado no corren el riesgo de la deportación, por otro, el retorno a sus hogares es imposible debido al conflicto. Además, el hecho de que la mayoría de las desplazadas vengan de zonas deprimidas del país les resta oportunidades para conseguir empleo y, de hecho, las posibilidades de trabajo se limitan a aquellas que son extensión del trabajo reproductivo, que como ya hemos analizado en otras ocasiones, son los de más baja remuneración y mayor explotación.

A más del sustento propio y de la familia, la extrema vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres refugiadas y desplazadas pasa por la inseguridad, el temor, el dolor de la ruptura de sus conexiones familiares y culturales, que ahondan procesos violentos de deterioro y pérdida de su autoestima.

Las consecuencias del Plan Colombia en el Ecuador son evidentes y la intervención para mitigarlas será insuficiente si no se incorpora una visión de género que ataque la problemática específica de las mujeres.

Sin embargo, la violencia en contra de la mujer no sólo se da al interior del espacio privado, en el seno de la familia; también encuentra sus víctimas en el ámbito público, es decir, en las instituciones educativas, en los lugares de trabajo, en los medios de transporte, en el barrio, en las organizaciones, en la calle… Así, cuando hablamos de agresor no se habla exclusivamente del cónyuge, pues los agresores pueden también estar presentes en el enamorado, en el jefe, en el maestro, en el compañero y hasta en el desconocido. Además, esta violencia no se sitúa como suele creerse únicamente en los estratos de economía baja, cruza todos los sectores de la sociedad independientemente de la clase social, del grupo étnico, del nivel de ingresos, de la cultura, del nivel de instrucción, de la edad o de la religión que se profese.

A pesar de que las estadísticas en nuestro país hablan de un 70% de mujeres que han sido víctimas de violencia, los agresores y la sociedad en general suelen legitimarla, esto sucede cuando se esgrimen comentarios en los que se establece que la culpa de este tipo de violencia es provocada por la “misma mujer”: porque se deja, porque algo debe haber hecho, porque le gusta o porque así ha sido siempre; conceptos que se utilizan incluso cuando el caso es de violencia sexual, ¿podemos minimizar un delito?. A este tipo de razonamientos contribuyen diversos programas y mensajes de los medios de comunicación, la publicidad sexista, el sistema educativo, la cultura, las tradiciones, las creencias religiosas, las enseñanzas y los mandatos familiares.

La violencia en contra de las mujeres ha sido asumida por la comunidad internacional como un problema social cuyas consecuencias se sitúan además en el campo del desarrollo de los pueblos, pues al limitar la participación efectiva de más del 50% de la población por los efectos de la violencia de género, reducimos las potencialidades de cada comunidad. En este sentido, la Convención Internacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer Belem do Pará, que es la más significativa en este campo, señala que la eliminación de la violencia contra la mujer, es una condición indispensable para el desarrollo individual y la plena e igualitaria participación en todas las esferas en las que las mujeres se desenvuelven.

Como parte de la lucha para erradicar la violencia de género, cada 25 de noviembre las mujeres se unen para levantar su voz y exigir que se respete su derecho a una vida libre de violencia y para recordar a la sociedad y al Estado que la responsabilidad es de todas y de todos.

De manera primordial, a que en nuestra sociedad persiste una forma de convivencia en la que las diferencias sexuales se han convertido en desigualdades sociales; por ejemplo, la división sexual del trabajo, producto de una construcción socio cultural e histórica, no se reduce a una simple diferenciación de las tareas asignadas a mujeres y a hombres, sino que ésta constituye una valoración desigual de las mismas y de quién las hace. De hecho, es de fácil demostración que las actividades que tradicionalmente se conocen como masculinas tienen una valoración económica y una calificación social superior a las de tradición femenina. Esta situación afecta directamente a la generación de ingresos de las mujeres de manera negativa.

La CEPAL menciona que en América Latina el 43% de mujeres mayores de 15 años carecen de ingresos propios. Esta dependencia económica ubica a las mujeres como un sector de riesgo, pues un cambio en sus relaciones familiares significaría caer en la pobreza. Las limitaciones para la generación de ingresos propios hallan sus causas en la división sexual del trabajo, por ejemplo, el trabajo doméstico es la principal tarea del 45% de las mujeres cónyuges, esta ocupación no tiene remuneración e impide el acceso a un trabajo remunerado en igualdad de condiciones que los hombres.

CEPAL en Panorama Social 2003, constata que del total de personas trabajadoras en América Latina y El Caribe, el 53,9 % son mujeres y el 46,1% son hombres; sin embargo, los hombres constituyen el 45,6 % del trabajo remunerado y las mujeres el 31,2%; y del trabajo no remunerado, las mujeres representan el 22,7% y los hombres el 0.5%. A pesar de que la pobreza golpea a mujeres y a hombres debido al desempleo como una de sus múltiples causas, podemos confirmar que el incremento del desempleo masculino entre 1990 y 2002 fue de 3,4 puntos porcentuales, mientras que el femenino alcanzó en el mismo período, un incremento de 6 puntos porcentuales. Por otro lado, en Ecuador, las mujeres que son jefas de hogar reciben un ingreso monetario individual que representa un 41% menos en comparación con los jefes de hogar. Finalmente, las mujeres mayores de 60 años en nuestro país reciben en promedio un 84,1% de las pensiones y jubilaciones que reciben los hombres.

Si bien el índice de feminidad en el país es más alto, la situación de pobreza de las mujeres supera en mucho este hecho, los datos dan cuenta de que las diferencias de género tienen efecto sobre los procesos de empobrecimiento. Por ello, el CONAMU, propone desarrollar un análisis del funcionamiento interno de la pobreza en la familia, a fin de actuar de manera efectiva en la construcción de equidad y en la lucha contra la pobreza

Según datos de Naciones Unidas el tráfico de personas con fines de explotación sexual mueve cada año entre 5 y 7 billones de dólares. En este mismo período se venden cerca de 4 millones de mujeres para la prostitución, la esclavitud o el matrimonio forzado y 2 millones de niñas son introducidas en el comercio sexual.

La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer CEDAW, de la que el Ecuador es parte, en su artículo 6 establece: “Los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y de explotación de la prostitución”. Si bien en el Ecuador la ley penal castiga tanto el tráfico ilegal de personas como también a quienes promueven y se benefician de la prostitución ajena, la trata de mujeres como tal aún no se encuentra tipificada.

En nuestro país no existen datos específicos sobre el tráfico interno (de una región a otra) y externo (destinada a otros países) de mujeres, hecho que limita la posibilidad de poner en la agenda pública esta problemática. En el caso concreto de la trata externa debemos recordar que la sola tipificación del tráfico ilegal de personas no es suficiente, pues en muchos casos las redes internacionales de traficantes utilizan medios legales para el traslado de las mujeres de un lugar a otro sin violar las leyes migratorias; de hecho, paquetes turísticos, cartas de invitación a eventos, contratos de trabajo y la adopción, son mecanismos frecuentes para la emigración legal. Las mujeres son reclutadas en estas redes por medio de engaños con ofertas atractivas de trabajo en actividades no relacionadas con la prostitución. Una vez que estas mujeres llegan legalmente a su destino, son secuestradas como esclavas a través de diversos métodos: retención de sus documentos de identidad y de su pasaje de retorno en caso de poseerlo; violencia física y sexual; restricción de la libertad (encierro) e incomunicación completa. Cuando las mujeres han ingresado violando las leyes migratorias a más de la utilización de los mecanismos ya citados son amenazadas con ser denunciadas ante las autoridades migratorias.

El tráfico sexual de mujeres constituye el cuarto negocio clandestino en el mundo dada su rentabilidad y esto es así porque a decir de un beneficiario de la trata “…la mujer da más ganancia que la droga o el armamento. Esos artículos sólo se pueden vender una vez, mientras que la mujer se revende hasta que ella muere de Sida, queda loca o se mata…”(Testimonio publicado por la Unión de Congregaciones Religiosas Femeninas de la Iglesia Católica).

Considerar que las mujeres son objetos garantiza la expansión de este lucrativo negocio. ¿Cómo considera usted a las mujeres?..

La construcción de identidad de mujeres y hombres en el proceso de socialización, se ha visto desequilibrada por la existencia de oportunidades para un sexo en detrimento del otro y; la comunicación con uno de sus engranajes fundamentales, los mass media, está encabezando, consciente o inconscientemente la profundización de las inequidades entre mujeres y hombres.

Tanto datos regionales como locales nos previenen sobre esta realidad; el Monitoreo de medios de Comunicación (WACC, 2003) constata que en Sudamérica, apenas entre el 15 y el 18% de personas mencionadas o entrevistadas, son mujeres y, la mayoría de las veces aparecen de forma subordinada, anónima, y sobre todo representadas como víctimas. En los programas periodísticos televisivos, es entrevistada una mujer por cada 7 hombres y por cada hora que habla una comunicadora mujer son cuatro las que ocupan al aire los comunicadores hombres. Según datos del Observatorio de la Comunicación en Cuenca, los mensajes publicitarios reproducen roles e imágenes estereotipadas de mujeres y hombres que no incorporan las nuevas realidades que vivimos, y que atentan, incluso de forma agresiva, contra la dignidad y respeto que nos merecemos todas las personas.

Frente a esta realidad, es necesario motivar en las instancias de producción y difusión de mensajes publicitarios, ejercicios de recodificación de símbolos que no tomen lugares comunes en la producción publicitaria y que más bien presenten nuevos conceptos que aporten en la equidad y que sean ecuánimes, realistas, equiponderados, no agresivos y sobre todo, respetuosos de las diferencias y aportes de mujeres y hombres a la convivencia social.

La Cumbre de Beijing-1995, definió como uno de sus objetivos: “Fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada de la mujer en los medios de difusión”. En concordancia con esto, la Constitución Política del Ecuador recoge en su Art. 81: “(…) Se prohíbe la publicidad que por cualquier medio o modo promueva la violencia, el racismo, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y cuanto afecte a la dignidad del ser humano”.

Si la meta de los derechos de comunicación es en palabras de Myriam Horngren (Comunicadora WACC/CRIS.): asegurar la generación de un ciclo de interacción creativo y respetuoso entre las personas y grupos de la sociedad, que respalde equitativamente el derecho de todos y todas, para que sus ideas sean oídas, escuchadas y respondidas; es momento para comenzar una exploración conjunta de “comunión” en donde encontremos formas efectivas de superar la violencia contra las personas y en especial contra las mujeres a través de los medios de comunicación.

En nuestro país la realidad es más cruda: las mujeres en promedio perciben hasta un 34% menos de remuneración que los hombres por la realización de un trabajo de igual valor. Pero la inequidad en los ingresos de las mujeres se evidencia también en los rangos salariales, pues tienen menor presencia en las categorías salariales más altas y una concentración en las categorías media y baja; igualmente podemos comprobar esta inequidad si revisamos cómo las profesiones y funciones que proporcionan ingresos más altos aún son desempeñadas mayoritariamente por hombres y, aquellas cuyo reconocimiento monetario y social es menor lo realizan las mujeres. Un par de ejemplos: las mujeres que laboran en el sector moderno tienen un promedio de ingresos mensual de 250 dólares y los hombres de 313; en el trabajo agrícola las mujeres perciben en promedio 33 dólares y los hombres 94; e incluso en el trabajo doméstico existe una diferencia, las mujeres perciben 84 dólares promedio y los hombres 86.

Al revisar la Constitución Política del Ecuador; la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDESC; y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, CEDAW, confirmamos que las actuaciones que sustentan inequidad en los ingresos están al margen de la Ley.

A pesar de que las mujeres se han incorporado en ramas del mercado laboral en las que antes no se encontraban, las condiciones en las que lo han logrado son precarias en cuanto a rangos y salarios, debido, por un lado, a la persistencia de un imaginario colectivo que aún no confía en la capacidad de las mujeres; y por otro, a la falta de valoración social y económica del cuidado del capital humano, no de otra manera se entiende el hecho de que las mujeres sean discriminadas en materia laboral precisamente por su embarazo, maternidad y cuidado materno; a esto debemos sumar que las ramas laborales que sí son confiadas casi con exclusividad a las mujeres no permiten ingresos dignos pues tienen una subvaloración en el mercado.

Se mantiene una distancia entre el reconocimiento legal de un derecho y el disfrute social del derecho. Por esta razón el Consejo Nacional de las Mujeres se encuentra empeñado en conseguir que las políticas públicas de género sean aplicadas en el mercado laboral como un aporte directo a la consecución de la equidad entre mujeres y hombres, aporte que de otro lado incide directamente en la lucha contra la pobreza.

Asumir esta tarea es urgente, pues como dice Galeano: “… Al ritmo actual, habrá igualdad de salarios entre los hombres y las mujeres dentro de 475 años…No conozco a una mujer que viva tanto”.

La salud sexual y reproductiva comprende el derecho que tienen las personas a tomar decisiones libres y responsables sobre su vida sexual, incluye además el derecho de mujeres y hombres a disfrutar de una vida sexual placentera, libre de temor, de vergüenza, de sentimientos de culpa y de creencias falsas; libre además, de enfermedades, de lesiones y de violencia.

Hasta hace un par de décadas, la sexualidad de las personas era asumida como un tema a ser tratado exclusivamente dentro de las paredes del hogar. Sin embargo, esta forma de comprender la sexualidad dio un giro completo a partir de las cumbres mundiales de El Cairo y de Beijing. Hoy, este aspecto de la vida forma parte de los derechos humanos, y como tal ha sido reconocido en el marco jurídico de nuestro país. En efecto, en la Constitución Política del Ecuador encontramos mandatos específicos sobre este derecho en los artículos 23, 39 y 43.

Sin embargo, la situación de la salud sexual y reproductiva en el Ecuador es preocupante, datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Población dan cuenta de ello y evidencian que el sector más afectado es el de las mujeres: el embarazo prematuro alcanza al 10% de adolescentes entre los 15 y 19 años; la tasa de aborto en el país es de 34,3 por 10 mil habitantes; existen 350 mil madres adolescentes; la edad promedio de inicio de las relaciones sexuales es de 16,6 años; una de cada 149 mujeres muere a causa de factores relacionados con el embarazo, parto y postparto. Junto a las cifras mencionadas, debemos señalar que los abortos en el Ecuador forman parte de los 20 millones de abortos que se practican en los países no industrializados en condiciones de riesgo. A lo dicho podemos sumar los otros problemas generados por la deficiencia en el tratamiento de esta problemática: coerción y presión para mantener relaciones sexuales, violaciones, incestos, acoso, violencia doméstica e industria del sexo.

Contar con una sociedad saludable implica que las personas en general y las mujeres en particular y con mayor urgencia, decidan sobre su sexualidad sin presión ni violencia; resuelvan sobre cuándo y cuántos hijos e hijas tener; asuman de manera compartida –mujeres y hombres- la crianza de hijas e hijos; accedan a información clara y completa sobre métodos de regulación de fecundidad y prevención de enfermedades de transmisión sexual; a servicios de salud de calidad y adecuados a las necesidades específicas de las mujeres. Para conseguirlo, es indispensable tratar estos temas de manera abierta y desde la perspectiva de la educación sexual.

Como sabemos, la integración del mercado ha dado como resultado la globalización de la economía, en este escenario el crecimiento económico de los países no industrializados depende, en gran medida, de la demanda de sus productos por parte de los países industrializados. Empero, el comercio no es un elemento aislado que pueda ser tratado sin considerar otros factores que involucran el desarrollo: erradicación de la pobreza y equidad de género; definidos estos como objetivos prioritarios en la Declaración del Milenio (septiembre de 2000).

Las ventajas que oferta la firma del TLC Andino para nuestro país, se basan en la posibilidad de consolidar las preferencias de los productos ecuatorianos en el mercado norteamericano y en la reducción de precios de los productos que vienen desde los Estados Unidos al Ecuador por la eliminación de aranceles. Esto aportaría en el crecimiento de la economía por el incremento de la producción nacional. Sin embargo, el TLC Andino no puede garantizar por sí mismo este crecimiento debido a que: la capacidad productiva de Ecuador en relación con Estados Unidos es reducida; la apertura de las fronteras a los EEUU lejos de incrementar la producción podría influirla negativamente porque los productos importados resultarían más baratos y, finalmente, las fronteras abiertas reducirían los ingresos públicos por concepto de aranceles.

Por otro lado, en palabras de Rob Vos (Profesor de Finanzas y Desarrollo del Instituto de Ciencias Sociales de La Haya, profesor de Economía de la Universidad Libre de Amsterdam) dentro de un mismo país: “…Algunos grupos sociales ganan (principalmente los trabajadores con mayor educación y los perceptores de ganancias) y algunos pierden en el proceso (a menudo los trabajadores agrícolas y los no calificados)…” En el Ecuador, según datos del INEC – CONAMU y del SIISE, vemos que las mujeres constituyen el 30,4% de trabajadoras agrícolas y perciben hasta un 65,2% menos que los hombres por esta labor; entre las mujeres existe un 10,3% de analfabetismo frente a un 7,7% entre los hombres; las mujeres con analfabetismo funcional alcanzan el 22,7% que supera en un 3% al analfabetismo funcional de los hombres; al tiempo que las mujeres alcanzan el 15.0% de desempleo; esto las ubica como el grupo con mayores posibilidades de perder en el proceso.

Frente a ello, el Consejo Nacional de las Mujeres, CONAMU, como el órgano rector de políticas públicas de género en el Ecuador, plantea la necesidad de insertar en los procesos de negociación la perspectiva de género, esto es, velar porque el TLC no profundice la situación de inequidad de las mujeres en nuestro país. Los objetivos del comercio no deben ser definidos al margen del interés nacional y, de ser así, el impacto profundizará la inequidad social y la pobreza en el país.

La impunidad de los delitos sexuales en general, y de los cometidos en el marco del sistema educativo, a pesar de las altas cifras, puede ser erradicada si exigimos que se aplique el marco jurídico vigente en nuestro país. La ley ecuatoriana tipifica el acoso y el abuso sexual como delitos sujetos a las disposiciones del Código Penal (1998) y del Código de la Niñez y Adolescencia (2003) Estos instrumentos jurídicos cuentan con los mecanismos para sancionar a los perpetradores y con medidas de amparo para las víctimas. En este sentido, el Ministerio de Educación y Cultura expidió el Acuerdo 3393 Reformatorio al Reglamento Especial de Procedimientos y Mecanismos para el Conocimiento y Tratamiento de los Delitos Sexuales en el Sistema Educativo, bajo Acuerdo Ministerial del 27 de agosto del año 2004.

Este cuerpo legal manda que el personal de un centro dependiente del sistema educativo tiene la obligación de recoger información sobre el delito sexual que proporcione la víctima o persona que conozca del hecho y de entregarla a la autoridad del plantel, quien por escrito inmediatamente presentará la denuncia, entre otras, a la Fiscalía. En caso de que la autoridad no actuare con celeridad, el personal podrá enviar la información directamente al Ministerio Fiscal. “Las autoridades educativas, las personas integrantes del cuerpo docente o administrativo que no facilitaren u obstaculizaren el proceso de investigación, ocultaren u omitieren la información recabada de una víctima de delito sexual, o no cumplieren con las responsabilidades señaladas en el presente reglamento, serán sancionadas según el grado de responsabilidad” (Art. 11) Recordamos que la denuncia abre un proceso de carácter penal. “Si la sentencia es condenatoria como autor, cómplice o encubridor será destituido del cargo” (Art. 12)

No obstante, la responsabilidad es de toda de la sociedad. El Código de la Niñez y Adolescencia exhorta a todas las personas a intervenir en el acto para proteger a niñas, niños o adolescentes en casos de maltrato, abuso sexual, tráfico y explotación sexual y otras violaciones a sus derechos. ¿Seríamos capaces de hacerlo?. Al parecer la causa del cómplice silencio es el temor: de la familia al escándalo, del centro educativo al desprestigio, de la víctima a no ser escuchada o a ser victimada nuevamente por acusaciones o represalias. Para proteger a la víctima tanto del agresor como de posibles represalias, el Reglamento expedido bajo el Acuerdo 3393, manda en sus artículos 4, 7 y 10 medidas de protección y amparo, así como disposiciones para que la comunidad docente apoye a la víctima.

El conocimiento aporta a la exigibilidad y ésta posibilita acabar con la impunidad. Quien denuncie sepa que no está sola; ¡Rompa el silencio!.